Noticia de esta semana tomada de un medio del Régimen (la puedes encontrar más o menos igual en otros pues no son más que corta-pegas de una nota de prensa oficial): «Junta y Amazon colaborarán en impulsar la digitalización e innovación en Andalucía. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el director del sector público de la multinacional, Cameron Brooks, firman un protocolo de actuaciones para trasladar los beneficios de la ‘nube’ de Amazon a la Administración andaluza y la ciudadanía.»
En la noticia se enumeran todas las ventajas para la Junta: avanzar en la innovación y digitalización de Andalucía; actuaciones generales destinadas a la formación para la ciudadanía y a la transformación digital dirigida a empresas y organizaciones; transformar la administración pública a través de la colaboración conjunta en el desarrollo de aplicaciones en la nube de Amazon para uso también de los ciudadanos, como puede ser en áreas importantes como la sanidad o la educación.
Lo que no dice es que la multinacional norteamericana va a disponer de una enorme cantidad de información, materia prima del capitalismo digital, para valorizar y obtener beneficios. No dice que datos tan delicados como los sanitarios van a estar en manos de una corporación estadounidense.
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El capitalismo transforma para poder sostener la acumulación privada de capital, poniendo a la vida al servicio del capital. La crisis ecológica y de acumulación replantea los campos de obtención de beneficio o absorción de rentas por parte del capital. Por un lado, se expande el ámbito especulativo financiero, es decir ganar dinero del dinero, donde los grandes fondos de inversión toman un creciente protagonismo. Por otro lado, continúa la necesaria extracción de materiales y fuentes de energía (con el desarrollo complementario del complejo industrial-militar). En tercer lugar, avanza el ataque a la esfera de lo público, allí donde todavía tenga un peso significativo, mercantilizando todo tipo de necesidades humanas básicas. Y como el capital planifica, tanto o más que el Estado o cualquier agente socioeconómico, a medio y largo plazo tiene planteado una nueva onda económica expansiva de la mano de la cuarta revolución industrial o capitalismo de plataforma (datos, inteligencia artificial, robotización, automatización, comercio digital, etc.).
Todo lo relacionado con el capitalismo de plataforma se ha vinculado con el bello relato de la “economía colaborativa”. Tras la empática y sugerente denominación se esconde el nuevo capitalismo digital que tiene como base de acumulación o materia prima el control de los datos, de la información y el conocimiento. A día de hoy, y se espera que vaya en aumento en un futuro no lejano, existirán enormes fuentes de excedente económico en los servicios computacionales en la nube o de inteligencia artificial. Este nuevo modo de obtención de beneficios se basa en los datos acumulados tras años de vigilancia intensiva sobre la actividad de las personas. Con esa información se espera crear modelos de inteligencia artificial y convertir a los pocos gigantes que los han desarrollo en los intermediarios fundamentales de la economía.
Es decir, tras la “economía colaborativa” se esconden nuevos mecanismos de formación de plusvalía donde nuestro uso de Facebook, Google, Youtube, etc., o el uso que la Junta de Andalucía va a realizar de la “nube” de Amazon sirve de materia prima para la acumulación capitalista de la multinacional estadounidense. En el siglo XIX vendieron Andalucía, su subsuelo como fuente de valor y plusvalía, a las empresas mineras inglesas. En el siglo XXI, se vende Andalucía, la información o datos como fuente de valor y plusvalía, a empresas norteamericanas. El colonialismo cambia el tipo de minería (del cobre a los datos), mientras Andalucía continúa siendo tierra saqueada.
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La falsa “economía colaborativa” hace que grandes y escasas empresas absorban el valor de la cooperación que establecemos en nuestras relaciones cotidianas o cuando buscamos respuesta a necesidades básicas. No se trata de extraer renta de la riqueza producida en la fábrica, sino de extraer renta de la riqueza que producimos cotidianamente, parasitando las relaciones de colaboración que se dan en el territorio o en la red. En las plataformas digitales el capital ya no organiza la producción, sino que directamente se limita a parasitarla. Es pura lógica rentista: la exacción como una forma de explotación.
Las lógicas capitalistas en las que estamos atrapados en el marco de la alta tecnología producirán muy variadas consecuencias sociales, entre las que destaca la precariedad laboral, la gentrificación urbana, la privatización de servicios públicos, etc. Esos perjuicios concretos hay que enmarcarlos en algo mucho más amplio y grave: una economía digital enormemente vinculada a unos cuantos gigantes tecnológicos con detallados perfiles de cada persona tendrá como consecuencia convertirse en una “sociedad civilizada” de acuerdo, todavía más, al consumo (poseen toda la información de las cuentas bancarias), y la producción (la actividad laboral genera datos que pueden aumentar la productividad o eficiencia). Estas son las principales implicaciones sociales de un capitalismo monopolista en la era digital de la que forma parte acuerdos como el suscrito esta semana entre la Junta de Andalucía y Amazon.
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La generación de cambios que sirvan para favorecer los intereses generales de la población requiere de transformaciones en torno a cómo se produce y cómo se distribuye el excedente económico. Otra economía territorial que transforme en sentido opuesto a como lo hace la economía capitalista debe cambiar el modo en que se produce, apropia y distribuye el excedente económico. La colaboración, la cooperación debe implicar reparto, nunca mayor concentración, desigualdad y acumulación.
Frente al actual desarrollo local neoliberal o neoliberalismo territorial que pone Andalucía en manos del capital (lo más rentable en manos de capital foráneo), es preciso poner en marcha un desarrollo local transformador que tenga como agentes básicos a la economía social transformadora y los bienes comunes. En principio, esta economía social debe estar conformada por entidades socioeconómicas que antepongan los intereses de las personas a las del capital y que apuestan por otras formas de trabajar (diferentes al trabajo enajenado), de establecer la propiedad de los medios de producción (distintos a la propiedad privada) y de tomar decisiones respecto a lo que se produce (subordinando el valor de cambio al valor de uso). Se trata de conformar un marco y unas prácticas socioeconómicas capaces de redefinir las formas y modos de producir, distribuir, financiar y consumir, fundadas en categorías radicalmente democráticas y ecológicas.
En gran medida, la economía social transformadora tendrá su base en la autonomía de la actividad laboral de las personas o “soberanía del trabajo”. Esta autonomía deberá ir tejiendo de forma colectiva la “soberanía económica territorial”, así como la alcanzada en los diversos ámbitos estratégicos de asunción de capacidad de decisión popular (“soberanías sectoriales”). De este modo, se entiende la soberanía como la capacidad de decisión popular en diversos ámbitos estratégicos como son la alimentación, las finanzas, la energía, la tecnología, etc. Así, frente al capitalismo digital, y siguiendo a Gorka Julio, podemos definir la soberanía tecnológica como los procesos en los que las comunidades ganan el derecho a definir sus propios sistemas operativos, software, hardware, redes e infraestructuras, utilizando métodos ecológica, social, económica y culturalmente apropiados según sus propias características. La soberanía tecnológica significa que las comunidades tienen un papel dominante en el control de la tecnología y de la producción de las mismas por encima de los intereses comerciales. Todo lo contrario de la estrategia de Junta y Amazon.
Mientras el capitalismo digital o de plataforma pretende establecer una organización racional de cada ámbito de la vida mediante el uso de algoritmos guiados por intereses comerciales, desde las estrategias del desarrollo local transformador se debiera impulsar infraestructuras sociales y cívicas con sistemas universales, guiadas a su vez por medios democráticos y de propiedad pública o comunitaria. Los territorios deberían avanzar en la idea de apropiarse y ejecutar los datos colectivos de las personas, el ecosistema que crean los objetos conectados a internet, el transporte público o los sistemas de energía como activos o bienes comunes, y colocarlos a la entera disposición de los procesos de innovación social cooperativa. Todo ello se enmarca en la idea de que exista una infraestructura pública que proporcione a la ciudadanía un control total sobre cómo se utilizan sus datos con el objetivo de fomentar la soberanía tecnológica. La idea debe ser convertir las infraestructuras tecnológicas en bienes comunes. Los tiempos actuales, como apunta Francesca Bria, requieren “sistemas centrados en asegurar el futuro de las democracias, espolear los derechos digitales y crear trabajos no orientados al mercado laboral”.
Igual de este modo sí colaboramos para la vida y no contra ella.
espárragos y tagarninas 